El excandidato a la gubernatura de Zacatecas y exdiputado federal por ese estado, Rafael Flores Mendoza, es socio de una de las empresas señaladas por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) de servir a Raúl Flores Hernández, El Tío, para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Flores Mendoza, quien en 2016 fue candidato por la coalición Unidos por Zacatecas, conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), forma parte de las actividades financieras que realiza la empresa Corporativo Arzaca, S.C. desde 2014.

En la declaración patrimonial presentada en abril de 2016, el candidato a la gubernatura —quien quedó en tercer lugar en las preferencias electorales— mencionó que es “socio industrial de la empresa mencionada desde 2014, en donde percibo dividendos cuando existen”.

En el documento no se especifica la dirección de la empresa, así como quiénes son los otros socios.

Según la OFAC, Corporativo Arzaca, S.C. es una de las 42 empresas que integran una red de negocios que utiliza Raúl Flores Hernández, identificado por el gobierno de ese país como un narcotraficante con el mismo poder que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

La semana pasada el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de la OFAC a las compañías mexicanas por servir al crimen organizado. La investigación de Estados Unidos detectó que eran utilizadas por la organización criminal Los Flores, bajo el mando de Flores Hernández.

El dinero era lavado a través de prestanombres, entre ellos familiares de Flores Hernández, así como el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julio César Álvarez, conocido como Julión Álvarez.

La indagación fue presentada a una Corte de Distrito en EU, donde se giró una orden de detención con fines de extradición en contra de Flores Hernández, por lo que fue capturado en Zapopan, Jalisco, el pasado 20 de julio.

El Tío, quien según el gobierno de EU realiza operaciones ilícitas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), se encuentra  en el penal federal de El Altiplano, en el Estado de México, a la espera de ser extraditado.

La PGR integra una carpeta de investigación por los señalamientos hechos por la OFAC. Como parte de la investigación se solicitó a instituciones financieras no realizar operaciones con Rafael Márquez, a quien le fueron canceladas sus cuentan bancarias.

El gobierno mexicano no ha determinado si las empresas señaladas son investigadas para corroborar los señalamientos de Estados Unidos.

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