Por violaciones a los principios constitucionales de certeza jurídica, legalidad y objetividad, además porque el noveno pleno extraordinario del Consejo Estatal Electivo se celebró entre inconsistencias de requisitos esenciales que exige la normativa, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez), “tumbó” candidaturas a presidente municipal, síndico, regidores y diputaciones locales al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Mediante un comunicado, el Trijez informó sobre la resolución de 42 juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovidos por diversos militantes del sol azteca, principalmente en contra por la resolución dada en el pleno extraordinario del Consejo Estatal Electivo.

También resolvió a favor de los demandantes las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), por las que se declaró la procedencia de los registros locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, para el presente proceso electoral.

Los problemas principales que debe resolver el PRD en un lapso de tres días, según resolución del Trijez es en tres municipios: Valparaíso, en el que se echó abajo la designación de María Guadalupe Ortiz Rosales como candidata a presidente municipal, así como a su síndico y siete regidores.

En Sombrerete, se desechó la candidatura a presidente municipal de Cecilio Murillo Murillo, la sindicatura de Antelma Fraire Montes y cuatro regidores.

Al igual que en Concepción del Oro, donde se revocó la resolución para las aspiraciones de los candidatos María Angelina Arias Pesina, para alcaldesa, la sindicatura para Juan García Torres y seis regidores.

En total, fueron 23 los municipios en que se rechazaron los cargos, en su mayoría regidurías, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Mientras que el Trijez también resolvió en contra de la designación de Fernando Galván Martínez, aspirante a la diputación de mayoría relativa, así como de las diputaciones de representación proporcional de María del Rosario Arellano Valdez en primera fórmula y Miguel Ángel Torres Rosales en segunda fórmula.

De acuerdo con la determinación del tribunal, los promoventes señalaron en sus escritos que existieron violaciones a los principios constitucionales de certeza jurídica, legalidad y objetividad en el proceso de elección de candidatos.

“Además de haberse registrado a personas que no fueron votadas en el proceso interno de selección, se llevó a cabo un acto relativo al noveno pleno sin la voluntad de la totalidad de los consejeros”.

Al respecto, la magistrada Norma Angélica Contreras Magadán, así como los magistrados José Antonio Rincón González y Juan de Jesús Alvarado Sánchez, consideraron que el pleno extraordinario del consejo electivo del PRD, “no fue celebrado cumpliendo todos los requisitos esenciales que exige la normativa, debido a que hubo la celebración de dos plenos paralelos, lo que implicó violación y total desapego a la ley, pues la convocatoria emitida por el Consejo Estatal del PRD, ordenó la celebración de sólo uno”.

La magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez y el magistrado Esaúl Castro Hernández expresaron a su vez su desacuerdo “con el sentido del proyecto, por lo que emitieron los votos particulares correspondientes, al sostener ambos que el Noveno Pleno Extraordinario del 9 Consejo Estatal Electivo del PRD, celebrado en el salón denominado Quinta San Gabriel, cumplió con la normatividad interna de este partido para la elección de sus candidatos”.

Por tanto, y por mayoría de votos, el Trijez determinó que hubo falta de certeza en las decisiones de los órganos del partido, por lo que ordenó, por un lado, dejar sin efecto los registros con relación “estrictamente a los juicios ciudadanos promovidos y las correspondientes personas que aparecen registradas como candidatos en los términos señalados en la resolución”.

Por otro lado, determinó que sea el Comité Ejecutivo Nacional del PRD el que haga la designación directa de los espacios indicados, en un término no mayor a tres días.

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