Familiares de víctimas de desaparición en Zacatecas han reportado que el problema se extiende en todo el estado, aunque esto se ha difundido apenas en fechas relativamente recientes, en comparación con otras entidades del país.

La primera marcha para reclamar por las personas que han desaparecido, en 2018, reveló que los rostros eran de Melchor Ocampo, Villa de Cos, Río Grande, Juan Aldama, Cañitas, Saín Alto, Valparaíso, Jerez de García Salinas, Calera de Víctor Rosales, Pánuco, Vetagrande, la capital, Guadalupe, Ojocaliente, Loreto, Juchipila, Apulco…

Hoy las familias se mantienen firmes, se han organizado y, en cada evento que realizan para avanzar en encontrar a sus desaparecidos, recuerdan que: “de norte a sur, de este a oeste, los encontraremos, cueste lo que cueste”.

Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, ciudadanos se encargan de visibilizar el problema en un estado en el que, aunque existe legislación y organismos dedicados al tema tanto a nivel nacional como local, una mayoría de casos sigue sin resolverse.

Camino tortuoso

Everardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (Ceaiv), la primera institución en dar seguimiento y atención a los casos que se presentaron en la entidad, detalló que a la fecha el organismo que dirige lleva 85 expedientes de personas desparecidas y que tiene conocimiento de que se han entregado sólo siete restos óseos, que fueron localizados en fosas, a familiares de víctimas de ese delito.

El funcionario reconoció que atender este tipo de casos es complicado y desafiante.

Como antecedentes, narró que, aunque desde antes se tenía acercamiento con familiares de víctimas, en 2017 se dio a la tarea de formar una relación más estrecha con ellos; sin embargo, la oportunidad estuvo en la primera marcha para reclamar por este problema, en mayo de 2018.

“Para nosotros fue elemental el acercamiento, sobre todo con otras familias de las que no teníamos el registro, lo que dio como resultado que tengamos ahorita 85 expedientes de personas que tienen la calidad de desaparecidos”.

El comisionado recordó que en 2017 fue la Ceaiv “la que provocó que se hicieran las primeras búsquedas acompañadas de las autoridades que tienen que hacerlas, como el Ministerio Público y el Instituto de Ciencias Forenses, además de que se contó con la participación de los familiares, quienes localizaban los lugares de hallazgo”.

Enfatizó que esas primeras búsquedas fueron pieza importante para que en Zacatecas pudiera avanzar para contrarrestar el problema, pues en aquellos primeros años al menos las víctimas indirectas se sentían más tranquilas por el avance y de garantizar “que su familiar no se encontraba en los espacios en donde se buscaba”.

“Fue una experiencia agradable y amarga, porque en esos lugares donde se localizaron, donde se hizo intervención por parte de los peritos del Instituto de Ciencias Forenses, nos dimos cuenta que había indicios que confirmaban que podríamos localizar a otras personas, como restos óseos, ropa, accesorios como anillos, medallas, llaves y otras cosas que dejamos en manos del instituto para su debido procesamiento”, destacó.

Ramírez Aguayo puntualizó que, no obstante de iniciar como en otros estados la incursión en sitios de distintos puntos de la entidad donde había fosas clandestinas, la prioridad “fue siempre la búsqueda de las personas en vida”.

Expuso que, a más de dos años de comenzar la labor con los familiares, en la actualidad se tienen otras instituciones que también se encargan de los casos, como la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada y Cometidos por Particulares, y la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

“Trabajamos en conjunto; analizamos los datos del expediente y hacemos la solicitud al comisionado de búsqueda para hacer un rastreo en conjunto con la Policía Estatal Preventiva (PEP), para ver si existen indicios de fosas o lugares donde se tienen recluidas a personas”, precisó.

Sin embargo, frente a este problema derivado de la inseguridad, el comisionado de Atención a Víctimas resaltó que el apoyo a los familiares de las personas desaparecidas va más allá. Ejemplificó que existen muchos casos de hijos de quienes están sin localizar, quienes requieren “de la protección y amparo del estado para solventar gastos de manutención, porque normalmente quién desaparece es quien proveía los insumos en los hogares”.

Además, la atención psicológica es primordial. En el caso de la búsqueda en fosas, explicó que para este proceso se ofrece “una contención emocional, se les da un seguimiento terapéutico en relación a la problemática que enfrentan, porque deben estar preparados para atender dos situaciones”:

“Un familiar desaparecido puede llegar en cualquier momento, entonces los preparamos para que ellos sepan cómo reaccionar al momento, o puede llegar en otras circunstancia, a través de un cuerpo o restos, y lo que hacemos es prepararlos para que cuando se reciba una noticia de cualquier tipo, ellos sepan cómo manejar la situación”.

En marzo de 2019 se instaló la Comisión Estatal de Búsqueda; para este trabajo, NTR solicitó entrevista al titular del organismo esta semana, el también activista Javier Ramírez García; sin embargo, como en otras ocasiones, la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Jehú Salas Dávila, respondió que se encontraba en Ciudad de México.

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